Trece años de injusta prisión

Homar Garcés.- Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González son nombres de cinco ciudadanos cubanos que se han dado a conocer a nivel mundial, generando masivas expresiones de solidaridad al conocerse en detalle la situación de injusta prisión a la cual han sido sometidos por las autoridades de Estados Unidos por descubrir acciones terroristas en ese país contra Cuba.

A pesar de la falta de pruebas respecto a la serie de delitos que se les imputa, los tribunales estadounidenses decidieron condenar a Gerardo Hernández a dos cadenas perpetuas, al igual que Antonio Guerrero y Ramón Labañino, mientras que Fernando González y René González fueron condenados a 19 y 15 años, respectivamente; siendo éstas las máximas sentencias en todos los casos, acusándolos de cometer actos de espionaje, conspiración, conspiración para cometer actos de espionaje y de ser agentes extranjeros, todo lo cual ha quedado en entredicho en vista que el FBI (Buró Federal de Investigaciones) actuó de manera prejuiciosa, favoreciendo la opinión de organizaciones anticastristas radicadas en Miami. El 9 de agosto de 2005 el XI Circuito de Apelaciones de Atlanta abolió sus sentencias y decidió la realización de un nuevo juicio, pero los cinco continuaron en prisión. Posteriormente, la misma corte que los enjuiciara rechazó por mayoría tal dictamen, reiterando las condenas y rechazando la realización de un nuevo juicio.

A mediados de 1998, funcionarios de la Seguridad del Estado cubano, en un intercambio con el FBI, le entregan 230 páginas sobre las actividades terroristas contra Cuba, cinco videocasetes con conversaciones e informaciones transmitidas por las cadenas de televisión sobre acciones terroristas contra Cuba y ocho casetes de audio, ascendentes a dos horas y 40 minutos, sobre llamadas telefónicas de terroristas centroamericanos que estaban arrestados con sus tutores en el extranjero.

Sin embargo, el FBI -contrariamente a lo que se pensaba- procedió a la detención de los ciudadanos cubanos el 12 de septiembre de 1998, iniciándose un verdadero vía crucis para ellos y sus familiares, obteniendo un trato totalmente violatorio de los derechos humanos, a tal punto que no se les permite visita alguna de sus familiares y se les expone a un completo aislamiento. Esta situación ha revelado al mundo el doble rasero con que actúa Estados Unidos al erigirse como paladín de la lucha antiterrorista, pero permitiendo en cambio la libre circulación por su territorio de connotados terroristas, como el funestamente célebre Luis Posada Carriles, declarado terrorista por los gobiernos de Venezuela y Cuba, acusado de ser el autor intelectual del atentado perpetrado contra una aeronave cubana en 1976 donde perecieron 76 personas a bordo y fugitivo de la justicia venezolana, sin que las autoridades gringas hayan cedido a la solicitud de deportación de tal personaje, desconociendo descaradamente los convenios internacionales existentes contra la piratería aérea y, en el caso de Venezuela, un acuerdo bilateral suscrito en 1922. [ARGENPRESS.info]