Esta observación nace de la publicación por el sitio web Cuba Money Project, del periodista e investigador norteamericano Tracey Eaton, de documentos del Broadcasting Board of Governors (el Buró de Gobernadores de las Trasmisiones). El BBG, por sus siglas en inglés, es el organismo federal destinado a regir las comunicaciones en Estados Unidos y a realizar tareas de propaganda política de ese país en el exterior.
Recientemente, el BBG ha otorgado sucesivamente contratos para la puesta en marcha de operaciones propagandísticas, tanto por celulares como por la televisión en la Isla, con absoluto desprecio de los convenios internacionales y de las reglamentaciones cubanas, contratando a firmas cuyos dueños pudieran constituir serios riesgos de seguridad.
En el caso del contrato destinado a bombardear miles de celulares cubanos, seleccionados desde una fuente indeterminada por el propio BBG, con mensajes propagandísticos proveídos por el personal de su sistema de desinformación, se atribuyó a Washington Software, una firma desconocida "de propiedad asiática-americana", según los propios registros estatales.
Washington Software, firma radicada en Germantown, estado de Maryland, declara tener 11 empleados e ingresos de 560 000 dólares, lo que parece muy poco considerando el promedio de los salarios y de los costos generales en la zona. No se sabe si la tarea de inundar a Cuba de SMS se subcontratará en la excolonia inglesa, lo que sería el colmo de la incongruencia.
El sitio web de la empresa no revela un solo nombre de los miembros de su administración y de su personal. Cinco de sus empleados aparecen al realizar una búsqueda en Internet y en las llamadas redes sociales.
Según estas fuentes no oficiales, el presidente de la empresa es un tal Michael Cheng, quien realizó sus estudios en la Universidad de Hong Kong antes de trasladarse a EE.UU.
Dos de sus informáticos se llaman Andrew Leung y David Lam. Este último fue auxiliar de docencia en la Universidad de Texas.
Sin embargo, el agente registrado de la firma ante el estado de Maryland, es un tal Wai Pong Leung que declara como domicilio la localidad de Silver Spring.
UNA FIRMA ISRAELÍ PARA AGREDIR A CUBA
La naturaleza del encargado israelí de agredir a Cuba por la vía de las ondas no es tan extraña como altamente sospechosa, teniendo en cuenta las especificaciones del contrato —muchas evidentemente vinculadas a operaciones de Inteligencia.
RRSat Global Communications, que intentará inundar por satélite los televisores de los cubanos con programas de propaganda norteamericana, pertenece a David Rivel, un empresario israelí.
David Rivel es un ingeniero formado en el Technion, del Israel Institute of Technology, Campus de Be’er Sheva. El ciudadano del estado sionista es miembro de distintas sociedades entre las cuales está el IEEE, World Teleport Association (WTA) y la Sociedad Internacional de los Profesionales de Satellite (SSPI).
La dirección de la compañía es la siguiente: Reem Junction, D.N. Shikmin 79813, Israel.
Entre sus clientes, Rivel tiene varios "grandes" de la industria norteamericana de las comunicaciones entre los cuales figuran Fox Sports, CNN, Nickelodeon, NBC y Playboy.
PROGRAMAS ENCRIPTADOS CONTROLADOS DESDE MIAMI
Sospechosamente, la empresa tendrá que encontrar cómo difundir, a la vez, programas destinados al público como emisiones encriptadas —que no pueden ser para otros fines que de inteligencia. Estas emisiones tendrán que ser controladas desde Miami por los agentes del Office of Cuba Broadcasting (OCB)— el órgano federal de propaganda contra Cuba, una dependencia de la Voice of America.
La señal tendrá que ser suficientemente potente para ser captada "por pantallas reflectoras tan pequeñas como de 31,5 pulgadas".
El OCB se hará directamente desde Miami por el personal de "la agencia" utilizando equipo Scientific Atlanta/Cisco IRD.
El contratista usará su sistema satelital Hispasat cuya señal tendrá que ser activada "sin intervención o interrupción alguna".
Este servicio tendrá que funcionar "24 horas por día".
Si las pruebas se revelan exitosas, el contrato pudiera extenderse hasta tener un valor de 1 millón 54 mil 500 dólares, precisa el sitio web Cuba Money Project (cubamoneyproject.org). [Jean-Guy Allard/Granma]
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