Wooldy Edson Louidor*.- Hace exactamente un año desde que un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter devastó Haití, cobrando la vida de más de 300 mil personas, según las cifras oficiales. Hoy día, el pueblo haitiano vive el primer aniversario de la tragedia en medio del dolor, provocado no sólo por el triste recuerdo de las víctimas de la tragedia, sino también por las actuales condiciones de vida deplorables y la crisis política aguda que enfrenta el país.Con motivo del primer aniversario del terremoto, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) celebra en la oración y el recogimiento la memoria de nuestras hermanas y hermanos que murieron a raíz de la tragedia, al tiempo que invita a todos los actores nacionales e internacionales implicados a hacer juntos, un año después, el balance de nuestras acciones para sacar perspectivas y lecciones a fin de construir un mejor futuro para Haití.
Del 9 al 12 de enero de 2010, junto con otras obras de la Compañía de Jesús el SJR ha realizado una serie de actividades tales como misas, conferencias, eventos culturales y religiosos para marcar este primer aniversario del terremoto bajo el lema: “Haití: entre el duelo y la esperanza”.
Amenazas de expulsión de los desplazados
Hoy 12 de enero de 2011, cientos de miles de personas desplazadas se ven obligadas por los propietarios de los terrenos donde construyeron sus tiendas a salir de los campamentos.
“¿Adónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer?”, se pregunta un desplazado del campamento Automeca, ubicado cerca del Aeropuerto del Puerto Príncipe.
“Nos hemos reunido con los representantes del Ministerio del Interior y con delegados de más de 20 organizaciones no gubernamentales el pasado 7 de enero, pero no salió nada concreto”, se lamenta, desesperado, un representante del campo de Henfrasa, localizado en Delmas 33, en Puerto Príncipe.
Los desplazados reciben cada vez más amenazas de expulsión por parte de los propietarios, a medida que se acerca el 12 de enero. Las autoridades haitianas permanecen indiferentes a sus gritos, pese a la recomendación hecha el pasado 18 de noviembre de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado haitiano para que “adopte una moratoria sobre las expulsiones de los campamentos de desplazados internos hasta que asuma el nuevo gobierno”.
Una crisis política que amenaza con intensificarse
Por otro lado, Haití se hunde en una crisis política aguda, desde las controversiales elecciones presidenciales y legislativas del 28 de noviembre de 2010.
12 de los 19 candidatos presidenciales pidieron el mismo 28 de noviembre la anulación de las elecciones, a raíz de los fraudes e irregularidades que habrían sido cometidos a favor del candidato oficialista Jude Célestin.
Luego, los partidarios del candidato presidencial Joseph Michel Martelly protestaron contra los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones, proclamados por el Consejo Electoral Provisional (CEP), al que acusan de complicidad con el partido oficialista. Dichos resultados colocaron en tercera posición a Martelly, lo que implicaría su eliminación inmediata de la segunda vuelta de las contiendas electorales.
Ante la crisis política que resultó de las protestas contra los resultados de las elecciones, el presidente haitiano René Garcia Préval solicitó por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una evaluación técnica del proceso electoral.
Se espera en estos días la publicación oficial de las conclusiones del informe de evaluación, realizado por la misión de expertos de la OEA en base al reconteo de los votos y al análisis de las actas levantadas en los centros de tabulación electoral.
Nada asegura que los actores políticos haitianos, principalmente los candidatos y el mismo jefe de Estado, van a aceptar dichas conclusiones de la misión de la OEA.
¿Hasta cuándo durará la crisis post-electoral?
Todo parece indicar que no se podrá respetar la agenda electoral que prevé la realización de la segunda vuelta de las elecciones el 16 de enero de 2011 que, en base a la Constitución haitiana vigente, debería de culminar con la posesión del nuevo presidente electo el próximo 7 de febrero.
Esta situación podrá complicar aún más la crisis política, ya que los partidos de la oposición y varios sectores de la sociedad haitiana exigen, de manera incondicional, la salida del actual presidente René Garcia Préval del poder el próximo 7 de febrero.
Por su parte, el jefe de Estado ha expresado en varias ocasiones su voluntad de entregar el poder a un/a presidente/a que salga de las urnas y no a un gobierno provisional.
Un panorama social cada vez más sombrío
La crisis política ensombrece a su vez el panorama social en Haití, ya que debilita al Estado haitiano que se vuelve cada vez más incapaz de dar respuesta concreta a los problemas sociales más urgentes tales como la relocalización de cerca de un millón de personas desplazadas, la satisfacción de sus necesidades básicas, el retiro de los escombros y la lucha contra la epidemia de cólera que ya cobró la vida de 3.400 personas e infectó a otras 157.000.
La inseguridad y la violencia que provoca la crisis política obstaculizan también los esfuerzos de las organizaciones humanitarias para brindar una mejor atención a la población afectada que carece de los servicios sociales de base tales como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad, servicios de saneamiento…
Un año después del terremoto, la reconstrucción de Haití no ha empezado por falta de fondos y porque el pueblo haitiano ha sido excluido del proceso. La Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida conjuntamente por el ex presidente americano Bill Clinton y por el primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive, está lejos de dar los resultados que se esperan de ella. ALAI AMLATINA
*Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario