Además de las sanciones económicas quedan otros obstáculos que superar en el camino del restablecimiento de relaciones diplomáticas normales y apaciguadas. Primero, Estados Unidos debe quitar Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. En efecto, la administración Reagan ubicó a Cuba en esta categoría por su apoyo a los movimientos revolucionarios e independentistas en América Latina y en el mundo. Hoy Washington justifica el mantenimiento de Cuba en dicha lista por la presencia de unos miembros de la organización separatista vasca ETA y de la guerrilla colombiana de las FARC en Cuba que se encuentran en la isla… a petición expresa de los gobiernos español y colombiano.
Washington lo reconoce claramente en su informe: “El Gobierno de Cuba apoyó y auspició negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Colombia con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre ambas partes”. Estados Unidos reconoce que “no hay información de que el Gobierno cubano haya suministrado armamento o dado entrenamiento paramilitar a grupos terroristas” y admite que “los miembros de ETA residentes en Cuba fueron reubicados con la cooperación del Gobierno español”. Washington justifica también la inclusión de Cuba en la lista de los países terroristas a causa de la presencia en la isla de refugiados políticos buscados por la justicia estadounidense desde los años 1970 y 1980. Ahora bien, ninguna de esas personas ha sido acusada jamás de terrorismo.[1]