Según el documento, que cubre el período comprendido entre abril de 2017 y marzo de 2018, la política hostil norteamericana se ha recrudecido, continúa aplicándose con todo rigor y en el lapso analizado causó pérdidas a Cuba calculadas en unos cuatro mil 321 millones 200 mil dólares.
El informe, que respalda un proyecto de resolución propuesto por Cuba a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, recuerda que los daños acumulados durante casi 60 años ascienden a 933 mil 678 millónes de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.
A precios corrientes, el cerco ha provocado perjuicios cuantificables de más de 134 mil 499 millones 800 mil dólares, precisa el texto.
De acuerdo con las autoridades cubanas, el Gobierno de Estados Unidos impuso un serio retroceso a las relaciones con la isla a partir de la firma por el presidente Donald Trump en junio de 2017 de un 'Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de EE.UU. hacia Cuba'. Ese documento refrendó entre sus objetivos el endurecimiento del bloqueo.
Cinco meses más tarde, los departamentos estadounidenses de Comercio, Tesoro y Estado emitieron nuevas regulaciones y disposiciones para dar cumplimiento al referido memorando.
Las medidas aplicadas restringieron aún más el derecho de los estadounidenses a viajar a Cuba e impusieron trabas adicionales a las limitadas oportunidades del sector empresarial de Estados Unidos en la isla.
Estas nuevas sanciones contra Cuba causaron una disminución sensible en las visitas provenientes de Estados Unidos y obstaculizaron aún más las relaciones económicas y comerciales de empresas cubanas con potenciales socios estadounidenses y de terceros países.
Según el informe, tales medidas no solo afectan a la economía estatal cubana, sino también al sector no estatal del país y a otras naciones, a partir de su carácter extraterritorial.
El documento publicado esta jornada incluye acápites referidos a las afectaciones en los sectores de mayor impacto social, como la alimentación, la salud y la educación, al derecho al desarrollo, a los daños en el comercio exterior y las finanzas, y a la oposición al bloqueo a nivel global y en el propio país norteño.
Para la nación antillana, esa política estadounidense constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba y califica como acto de genocidio, a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
La considera, además, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y como un obstáculo para la cooperación internacional.
El venidero 31 de octubre la Asamblea General de la ONU votará por vigesimoséptimo año consecutivo un proyecto de resolución que reclama el cese del bloqueo estadounidense contra Cuba.
Desde 1992, la iniciativa ha tenido un respaldo mayoritario en el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas.
En las tres últimas ocasiones, 191 de los 193 estados miembros de la ONU apoyaron el proyecto. La votación de 2017 solo registró la oposición de Estados Unidos e Israel./PL
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