El ministro costarricense de Relaciones Exteriores, Manuel González, puntualizó que la prueba consistirá en trasladar a los migrantes de Costa Rica a El Salvador –con boletos pagados por ellos mismos– y de ahí, llevarlos por tierra a través de Guatemala y México hacia la frontera estadounidense. Si todo sale bien, la solución se aplicará a los entre 5 mil y 7 mil cubanos que están en territorio costarricense.
El canciller González dijo sin embargo que la medida reviste un carácter “absolutamente excepcional” y regirá sólo para los isleños que ya se encuentran en Costa Rica, mas no para los que pretendan, en lo sucesivo, pasar por ese país, el cual suspendió recientemente las visas de tránsito a los ciudadanos de Cuba.
La medida anunciada ayer es positiva y humanitaria, sin duda, pero del todo insuficiente; no sólo por su excepcionalidad sino también porque deja intactos problemas de fondo que deben ser corregidos.
Los intentos de cubanos por llegar a Estados Unidos se han incrementado a raíz del proceso de normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, debido al temor de algunos isleños de que la regularización conduzca a la supresión de las condiciones de privilegio de que gozan los ciudadanos de Cuba para obtener residencia estadounidense. Pero esa prebenda no aplica a quienes se trasladan en condiciones regulares de la isla hacia Estados Unidos, sino únicamente para quienes logran llegar a territorio de la Unión Americana por mar o a través de terceros países, lo que ha alentado la migración ilegal desde hace décadas, además de que ha sido un doble rasero discriminatorio e infame: a diferencia del resto de los latinoamericanos, a los cubanos les basta con presentarse en un puesto fronterizo estadounidense y declarar su nacionalidad para ingresar al país.
Con tales antecedentes, resulta inexplicable a primera vista que gobiernos como los de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México hayan cerrado el tránsito a ese flujo migratorio que no tiene a esos países como destino final. Lo sensato, humano y correcto sería permitir que esos cubanos atraviesen los territorios de esas naciones en dirección a Estados Unidos.
La única razón que permite entender la intolerancia de los gobiernos referidos es la presión desde Washington a fin de que impidan a los cubanos llegar a territorio estadounidense, una presión que se ejerce de manera furtiva, porque la Casa Blanca, si bien considera indeseable el arribo de miles de isleños a su territorio, no puede contradecir abiertamente sus propias políticas, aún vigentes, de aliento a la migración de Cuba.
Hay datos sólidos para afirmar que México y Guatemala han sido convertidos por Washington en una suerte de garitas migratorias adelantadas a fin de obstaculizar el tránsito de centro y sudamericanos hacia Estados Unidos. Todo indica que esa estrategia –que conlleva tanto una injerencia como una sumisión injustificables– está siendo aplicada ahora para cerrar el paso a los migrantes cubanos.
Pero para los gobiernos involucrados no hay razón legítima para persistir en la aplicación de restricciones migratorias. Resulta humanamente obligado que se permita a los cubanos el libre tránsito hacia el país vecino del norte. Si las autoridades de Washington se encuentran ahora atrapadas entre su legislación anticubana –la cual pretendió siempre presentar a la isla como un infierno que sus habitantes deseaban abandonar a toda costa– y su temor por una llegada masiva de cubanos, a ellas corresponde encontrar una solución, y es exigible que dejen de subrogar los problemas en esta materia a otras naciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario