Sucede con el bloqueo, con la Ley de Ajuste Cubano, la política pies secos-pies mojados, el Programa Parole para que personal de la salud isleño abandone sus misiones, la base naval de Guantánamo usurpada a la Isla, las transmisiones ilegales de radio y televisión contra los cubanos, los daños económicos y un sinfín de temas, que componen incluso, la simple buena vecindad.
En días recientes, los negociadores han anunciado "avances en la negociación Cuba-EEUU para la autorización de vuelos directos entre ambos países". Un tema obstaculizado no solo por las leyes de bloqueo, sino por la propia práctica judicial norteamericana, señala el periodista Edmundo García en texto de Cubainformación.tv.
Al igual que los aviones de compañías como American Airlines, Delta, South West, Jet Blue, etc., van a tener garantías de que no serán retenidos, secuestrados, confiscados o agredidos en Cuba, de esa misma manera, las aeronaves de Cubana de Aviación tienen que estar seguras cuando vuelen, aterricen y hagan estancia en territorio norteamericano.
Debe haber reciprocidad también en que si las compañías norteamericanas van a volar libremente a todos los aeropuertos que hay disponibles en la isla, los aviones cubanos puedan haber lo mismo en Estados Unidos. La aviación cubana no puede estar a expensas de que un juez o un funcionario administrativo de Miami o New Jersey, por poner dos casos, obstruyan las operaciones de la aviación cubana por razones políticas o electorales.
García también ejemplifica con el robo de aeronaves por jueces norteamericanos, sin que sean los únicos casos.
En 2003, por ejemplo, tres avionetas de fumigación fueron robadas en la Isla por secuestradores que querían emigrar a EEUU, donde fueron acogidos. No solo no fueron devueltas a la Isla. Un juez las confiscó y subastó.
Una de ellas fue comprada –en medio de un show mediático- por Ana Margarita Martínez. Esta persona –recordemos- estuvo casada con Juan Pablo Roque, un supuesto “piloto desertor cubano” que, tras llegar a lo más alto de las organizaciones de la ultraderecha de Miami, regresó por sorpresa a Cuba y se destapó como agente de la Seguridad del Estado.
Ana Margarita Martínez demandó entonces al Gobierno cubano por daños emocionales, y un juez condenó a La Habana a indemnizarla con 27 millones de dólares… que por supuesto no ha cobrado.
De reanudarse vuelos comerciales directos, ¿creen que personajes como Ana Margarita Martínez no demandarán ante la justicia de EEUU la confiscación de aviones cubanos, para cobrar sus indemnizaciones?
Otro caso aún más escandaloso: el ex agente de la CIA Gustavo Villoldo, que denunció al Gobierno cubano por haber motivado el suicidio de su padre en 1959, obtuvo una sentencia a su favor de 1.179 millones.
Añadamos a esto los no pocos políticos reaccionarios al acecho, con ganas de notoriedad y un enorme potencial de propaganda mediática. El Gobernador de New Jersey Chris Christie reclamaba, recientemente, condicionar los vuelos a Cuba a la entrega de la refugiada política en la Isla y militante de Panteras Negras Assata Shakur, que no hay constancia de que esté aún en territorio cubano.
Por ello, igual que los aviones de las compañías estadounidenses tendrán garantías de no ser confiscados por Cuba –en reclamación de los 120.000 millones de dólares por daños del bloqueo-, las aeronaves de Cubana de Aviación deberán tener necesariamente un blindaje jurídico absoluto en EEUU.
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