De acuerdo con la nota del 9 al 21 de junio pasados se llevó a cabo en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana el juicio oral y público contra los implicados.
El proceso penal se realizó contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tokmakjian, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere por los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal.
En el caso de Tokmakjian, la Fiscalía General de la República le acusó de utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios en las negociaciones con entidades cubanas, provocando afectaciones considerables a la economía nacional y de realizar, sin la autorización correspondiente, operaciones de intermediación financiera.
También se le imputó de extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero, alterar información de registros contables y declaraciones juradas para eludir sus obligaciones tributarias y de retribuir monetariamente a trabajadores, que hacían funciones distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades nacionales.
Además, fueron acusados exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar, entre ellos el exviceministro Nelson Ricardo Labrada; y exfuncionarios del exMinisterio de Industria Básica, así como el exdirector de la Asociación Económica Internacional CISTUR, del Ministerio de Turismo, Jorge Luis Melo.
También se imputaron hechos delictivos contra cinco personas, que ocupaban diferentes responsabilidades en la sucursal Tokmakjian Group en Cuba.
Según consta en la nota, los acusados y las compañías que comparecieron como terceros civilmente responsables (Tokmakjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc), contaron con todas las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados expusieron los argumentos y pruebas que consideraron necesarios.
El Fiscal, en su informe final, interesó para Labrada y Tokmakjian sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad, respectivamente, y para el resto de los acusados penas de entre ocho y 12 años.
La Fiscalía solicitó, además, disponer la obligación de los acusados de abonar más de 91 millones de dólares que como daño económico causaron al país, los que interesó sean retribuidos, en parte, con los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Tokmakjian y a las mencionadas compañías./PL
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