En enero sesionó la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba (PCC), una reunión que concluyó con un llamado del presidente Castro a combatir la corrupción y el anuncio de la decisión de limitar a diez años el tiempo para ejercer los cargos gubernamentales y partidistas.
La reunión, convocada en abril del 2011 por el VI Congreso del PCC, aprobó un centenar de medidas para modernizar al PCC e impulsar las reformas económicas en marcha en la isla, que tienen como guía un documento partidista con más de 300 lineamientos.
Ese mismo mes, el gobierno amplió la posibilidad de arriendo de locales estatales a trabajadores privados, algo que se venía haciendo de modo experimental en pequeñas barberías y peluquerías, que pasaron a cargo de "trabajadores por cuenta propia", como se denomina en la isla a quienes laboran en el sector no estatal.
Las autoridades decidieron ampliar la medida a unos 25 oficios, entre los que están los de aserrador, carpintero, cristalero, enrollador de motores, bobinas y otros equipos, fotógrafo, reparador de artículos de joyería, reparador de colchones, tapicero, tornero, amolador, cerrajero y limpiabotas, todos pequeños servicios.
El crecimiento del sector no estatal, que ya emplea a unos 400.00 cubanos, hizo que a partir de febrero la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) comenzara a impartir cursos de administración, contaduría, mercadotecnia y otras disciplinas a los trabajadores por cuenta propia.
Se trata de prepararlos para que sus negocios funcionen con eficiencia, y puedan brindar un servicio de calidad a la población y aportar a la productividad del país, dijo entonces a la prensa el vicepresidente de la ANEC, Joaquín Infante, quien en 2000 ganó el Premio Nacional de Economía.
Unos meses después, en julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) aprobó una nueva Ley Tributaria que comenzará a aplicarse en enero de 2013 como parte de la Ley del Presupuesto estatal para ese año.
La nueva legislación modifica el régimen impositivo y lo acerca más a la realidad de Cuba, además de ser un sistema tributario más flexible que incluye impuestos sobre la renta, ventas o servicios, contratación de fuerza de trabajo y una contribución obligatoria a la seguridad social.
A partir de ese marco jurídico, el Parlamento decidirá cuál será la carga impositiva a fines de cada año, cuando se discute la Ley del Presupuesto para el año siguiente.
Es una revisión más abarcadora que busca perfeccionar el cuánto, el cómo y el dónde se debe pagar, unido al control fiscal y al mejoramiento de la gestión para el cobro de las obligaciones tributarias, dijo la viceministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños.
En septiembre, el gobierno, que busca revitalizar la producción agropecuaria, aprobó un paquete de 17 medidas para darle mayor autonomía a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), un tipo de cooperativas muy extendida en la isla.
Las 17 medidas, aprobadas por el Consejo de Ministros, benefician el funcionamiento de las UBPC, cuyo carácter no estatal también fue ratificado por el gobierno.
Esas entidades agrícolas nacieron en 1993, cuando la crisis económica se hacía sentir con más fuerza en Cuba y el gobierno hacía esfuerzos urgentes por elevar los niveles de producción de alimentos.
Sin embargo, esas formas de gestión, en las que el Estado cubano puso la tierra en usufructo para que un grupo de personas constituyeran una unidad productiva, nacieron con una autonomía formal, pues las empresas estatales les imponían planes, estructuras y hasta dirigentes.
Vistas como subordinadas de las empresas estatales agrícolas y no como cooperativas, durante casi 20 años, las UBPC estuvieron atadas de pies y manos y ni siquiera podían firmar contratos con otras entidades estatales, lo que frenó su desarrollo productivo y generó deudas bancarias y empresariales.
Esas unidades llegaron a ser la principal forma de cooperativa del país, con más de 2.500 constituidas en 1994 y poseedoras de casi la tercera parte del área cultivable, pero hoy tienen el mayor nivel de tierras ociosas con más del 20 por ciento.
De acuerdo con lo estipulado, ahora las UBPC tendrán mayor autonomía y el control será ejercido sólo por los órganos con esas facultades, mientras que las empresas estatales a las que están vinculadas únicamente fiscalizarán las normas técnicas en la producción contratada.
Con la misma intención de elevar la producción agrícola, en octubre se aprobó el Decreto Ley 300, que entró en vigor en este mes de diciembre, para aflojar las reglas de entrega de tierras estatales ociosas en usufructo a campesinos privados y autorizar, entre otras medidas, la construcción de viviendas familiares en esas fincas.
El usufructuario, con sus propios recursos, puede construir o fomentar nuevas bienhechurías (inmuebles), así como reconstruir o remodelar o ampliar unas y otras, especifica la legislación que también permite las edificaciones, instalaciones y otras obras necesarias o útiles para la adecuada atención y protección a los cultivos, animales y plantaciones.
El nuevo decreto también amplió de 40 hasta 67 hectáreas, el área concedida a usufructuarios particulares que las reciben por un término de 10 años, pero si se trata de personas jurídicas, como cooperativas, se ofrecen hasta por 25 años.
Desde que en septiembre de 2008 el gobierno comenzó la entrega a particulares de tierras ociosas en usufructo, se han repartido alrededor de un millón 400.000 hectáreas a 170.000 personas en un intento por hacer productivas esas áreas.
Igualmente en octubre, se anunció la entrada en vigor, a partir del 14 de enero próximo, de nuevas regulaciones migratorias que suprimieron restricciones y simplificaron trámites, una medida largamente esperada y bien acogida por los cubanos.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, explicó las nuevas regulaciones en una comparecencia televisiva, en la que ratificó que Cuba continuará apostando por una emigración legal, ordenada y segura.
Otra decisión singular fue la apertura de la industria azucarera a la inversión extranjera de la mano de empresas de Brasil y Gran Bretaña, que comenzaron a invertir en ese sector a partir del diciembre, cuando comenzó la zafra.
La Compañía de Obras en Infraestructura (COI), subsidiaria del gigante brasileño Odebrecht, administra desde ahora, y por 13 años, la planta Cinco de Septiembre, en la central provincia de Cienfuegos, a unos 226 kilómetros al sudeste de La Habana.
También, la compañía de capital británico Havana Energy Ltd y la sociedad estatal cubana Zerus SA, construyen la primera de cinco plantas capaces de generar 30 MVatios de electricidad a partir del bagazo de la caña de azúcar y de la leña de marabú, un arbusto que puebla los campos de la isla.
En el último mes del año, también el gobierno puso en vigor un experimento para que pequeñas cafeterías y restaurantes estatales comiencen a ser arrendados en tres provincias como un ensayo del paso al ejercicio del trabajo por cuenta propia.
El nuevo modelo de gestión económica, que incluye el arrendamiento de locales de gastronomía donde laboran hasta cinco personas, comenzó a aplicarse inicialmente en las provincias de Artemisa, en occidente, y Villa Clara y Ciego de Ávila, en el centro, para extenderlo a partir del año próximo a todo el país.
También las autoridades cubanas aprobaron la creación gradual de cooperativas en actividades no agropecuarias.
Entre ellas se prevé la constitución de más de 200 en todo el país, en diversos sectores, como el transporte, la gastronomía, la pesca, los servicios personales y domésticos, la recuperación de materias primas, la producción de materiales y los servicios de la construcción.
La nueva forma de gestión no estatal -fórmula preferente por ser la más social- toma en cuenta las experiencias (positivas y negativas) adquiridas por sus similares en el sector agropecuario, e incluye el arrendamiento de locales y otros bienes del Estado, indicó al respecto el diario estatal "Granma".
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