Mientras Estados Unidos intensifica su bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, la Asamblea General de la ONU avanza hoy hacia una nueva condena casi unánime a ese cerco, la vigésima en 20 años consecutivos.El tema volverá a ser analizado por el máximo órgano de Naciones Unidas el próximo martes, cuando será sometida a votación una resolución que insistirá en el reclamo de levantar esas medidas implantadas desde hace casi 50 años.
Un documento similar fue adoptado el año pasado en el mismo plenario por 187 países, frente a los únicos votos de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Islas Marshall, Micronesia y Palau.
El tema aparece explicado en detalle en un informe distribuido aquí con el título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
En ese texto, el gobierno cubano sostiene que las medidas norteamericanas contra la isla caribeña persisten y se intensifican a pesar de la creciente y categórica demanda de la comunidad internacional para su eliminación.
También subraya que el actual gobierno estadounidense ha adoptado algunas medidas positivas, pero insuficientes y limitadas y sin la intención de alterar el entramado de leyes, regulaciones y disposiciones que conforman la política de bloqueo contra Cuba.
En ese sentido, recuerda que las diferentes normas relacionadas con el bloqueo no sólo se mantienen, sino que conforman la arquitectura jurídica de una política que califica como un acto de genocidio y de guerra.
Debido a ese cerco, Cuba no puede exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde Estados Unidos, ni utilizar el dólar norteamericano en transacciones financieras internacionales ni tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países.
Tampoco puede acceder a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Cuba considera que la retórica oficial norteamericana pretende convencer a la opinión pública internacional de que la actual administración en la Casa Blanca ha introducido una política de cambios positivos.
Pero la isla continúa sin poder comerciar con subsidiarias de empresas de Estados Unidos en terceros países y los empresarios de esas naciones interesados en invertir en Cuba son sistemáticamente amenazados e incluidos en listas negras.
Del mismo modo, Washington recrudeció la persecución de las transacciones financieras internacionales de Cuba, incluida las provenientes de organismos multilaterales de cooperación con la Isla.
Esa línea de agresión constituye uno de los rasgos distintivos de la aplicación de la política del bloqueo bajo la actual administración, afirma el documento presentado a los países miembros de la ONU.
Y al mismo tiempo, dice, los grupos anticubanos que controlan el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes quieren impedir la presencia de compañías extranjeras en la exploración de petróleo en la zona económica exclusiva de Cuba.
El documento revela que el daño económico directo ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del asedio de Estados Unidos hasta diciembre de 2010, a precios corrientes, asciende a una cifra que supera los 104 mil millones de dólares.
Pero si se toma en consideración la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado financiero internacional, la afectación a la economía cubana sería superior a los 975 mil millones de dólares.
Por todo lo anterior, Cuba asegura que el gobierno del presidente norteamericano, Barack Obama, ha mantenido intacta la política de bloqueo, un cerco que transgrede el derecho a la paz, el desarrollo y la seguridad de un Estado soberano.
También constituye una violación de los derechos humanos de todo el pueblo cubano y de los beneficios constitucionales de los norteamericanos, al quebrantar su libertad de viajar a Cuba, y de las de muchos otros Estados por su carácter extraterritorial.
El gobierno cubano subraya que Obama cuenta con prerrogativas suficientes para modificar significativamente el bloqueo contra Cuba, incluso sin la intervención del Congreso, y reclama su levantamiento "sin más demora y de manera incondicional". [PL]
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