La senadora colombiana, Piedad Córdoba denunció este martes que con la acción de la Procuraduría General de Colombia de inhabilitarla por 18 años, por supuestamente colaborar con la guerrilla de su país, se pretende criminalizar la búsqueda de la paz.TeleSUR informó que la congresista en rueda de prensa desde La Casa de la Mujer, ubicada en Bogotá, sostuvo que "durante todos estos años ha obrado en busca de la paz, que no comparte la decisión porque lo que se está haciendo es criminalizando la búsqueda de la paz".
Según la Procuraduría General colombiana, Piedad Córdoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, "colaboró y promovió a las FARC durante el período comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010".
No obstante, los abogados de la senadora defendieron que los contactos que la congresista tuvo con la guerrilla fueron autorizados por el Gobierno de su país como parte del proceso de liberación de rehenes cautivos por el grupo insurgente.
En respuesta a la acción de la PGC, Córdoba argumentó que la investigación que adelanta ese órgano por su supuesta cooperación con la guerrilla no tiene respaldo probatorio, ni mérito jurídico.
Agregó que el fiscal General, Alejandro Ordónez, responsable del fallo que la inhabilita por 18 años, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por acciones contra los derechos de la mujer, operaciones ilegales con el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano (DAS, inteligencia), entre otros delitos.
¿Y quién es el “inhabilitador”?
Alejandro Ordóñez Maldonado, es el Procurador General de Colombia desde 2008 y se caracteriza por una conducta ultra-reaccionaria. En una ocasión en Bucaramanga (su ciudad natal) entró en la Biblioteca pública “Gabriel Turbay” exigiendo, al más puro estilo nazi, que le mostraran los libros expuestos para comprobar si había literatura “nociva” para los jóvenes. Escritos de García Márquez y Carlos Marx fueron requisados, incluso una Biblia fue víctima de su ira porque era protestante y no católica, según publica JMÁlvarez.
Siendo magistrado, dio una conferencia en una universidad mexicana que versaba sobre la vida de un santo varón, conferencia que tuvo a bien titular “San Ezequiel Moreno Díaz: Defensor de los Derechos de Cristo Rey”. En el transcurso de la charla afirmó que las libertades modernas apartan al hombre de Dios y, en consecuencia, del orden, es decir: quien abandone los inescrutables caminos del Señor, sufrirán la hoguera eterna.
Actualmente, Ordóñez está siendo investigado por la Corte Suprema de Colombia por permitir que los servicios secretos colombianos al mando del ex presidente genocida Álvaro Uribe, realizaran seguimientos y grabaciones a jueces, políticos opositores y periodistas ¿Quién inhabilitará a este “inhabilitador”? Sólo una Corte popular democrática. El régimen colombiano no va a arrojar piedras sobre su propio tejado.
COMUNICADO DE PIEDAD CÓRDOBA
Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.
Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.
Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.
Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social.
Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional.
Piedad Córdoba Ruíz
Senadora de la República
Partido Liberal Colombiano
Bogotá DC, 27 de septiembre de 2010
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