Ciberespacio: Lecciones del ataque a Venezuela

El ataque imperial contra Venezuela del 3 de enero de 2026 no fue únicamente un episodio “militar” convencional, sino una acción de dominación multidominio (tierra, aire, mar, espacio, ciberespacio), donde el ciberespacio, el espectro electromagnético y la manipulación informativa operaron como armas para desorganizar capacidades estatales, condicionar la percepción pública y reducir los costos políticos de la agresión.

El “apagón” provocado en Caracas aparece en el discurso público de Trump y del jefe del Estado Mayor Conjunto como un vector operacional (“apagar las luces” y “superponer distintos efectos” desde U.S. Space Command y U.S. Cyber Command), es decir, como parte del diseño de guerra y no como un accidente colateral.  El daño a la infraestructura crítica (energía y telecomunicaciones) y la degradación de la conectividad no son “ruido” alrededor de una acción armada; fue un mecanismo de asfixia táctica dirigida a cortar, segmentar y confundir a la población venezolana.

En términos militares, confirmado por las fuentes citadas, esta operación fue diseñada para “abrir un corredor” para el Ejército de Estados Unidos, disminuir resistencia local y limitar la capacidad de mando, control y comunicación del Estado venezolano.

Otra conclusión clave es política: atacar infraestructura crítica y nodos comunicacionales, además de sus efectos militares, traslada el costo a la población con la interrupción de los servicios, los riesgos en entornos urbanos y el impacto en viviendas. Hubo daños a antenas, torres y a capacidades institucionales (servidores/equipos en instalaciones científicas), y también el uso de interferencia (“jamming”) reportado por prensa internacional como parte de la operación.

Este patrón es consistente con una doctrina de “dominación” que busca superioridad no solo por fuego, sino por bloqueo de servicios, desorientación y parálisis temporal del adversario, en un contexto donde la distinción entre objetivos militares y ecosistemas civiles se vuelve deliberadamente porosa.

Por otro lado, el control del relato se disputó con la misma prioridad que el control del territorio. Se puede apreciar una “segunda capa” basada en desinformación, reciclaje audiovisual y contenido sintético o ultrafalso ("deepfake"), con evidencia de campañas más estructuradas. Hay reportes de “contaminación” del debate con narrativas contradictorias y material manipulado producido fuera de Venezuela.

No hubo solo “desinformación”, sino empleo de tácticas para multiplicar versiones favorables al Ejército de Estados Unidos, erosionar la confianza, dificultar la atribución de fuentes y crear condiciones para imponer la versión de los centros de poder mediático y gubernamental estadounidense. Washington dispone de marcos doctrinales y antecedentes documentados de operaciones de influencia en el exterior (MISO/PSYOP y gestión de identidades), por lo que es lógico suponer que en un ataque de tal envergadura estas unidades también entraron en acción antes, durante y después del 3 de enero en Venezuela.

Finalmente, el episodio de Starlink subraya un aspecto frecuentemente subestimado: en conflictos contemporáneos, actores privados pueden convertirse en soportes políticos de conectividad, legitimación de la narrativa imperial y dependencia tecnológica.

La oferta de servicio gratuito “en apoyo al pueblo” que hizo la empresa de Elon Musk no es neutral. Funciona a la vez como solución selectiva para quien tenga terminales y como gesto comunicacional alineado con los intereses de Estados Unidos. Refuerza las asimetrías que se expresaron en un ataque tan brutal como el que vivió el pueblo venezolano e intenta abrir un flanco en la soberanía de naciones agredidas por Washington.

Tomado del Observatorio de medios de Cubadebate


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