La magistrada Gladys Kessler ordenó en su dictamen retirar la orden que impedía este tipo de alimentación a Abu Wa el Dhiab, un ciudadano sirio recluido desde 2002 en en ese centro de detención, porque de lo contario morirá.
Dhiab, de 42 años, quien se niega a ingerir comidas y beber agua, es uno de los muchos presos de Guantánamo que han protagonizado huelgas de hambre para protestar por su prolongada detención, indicó un reporte publicado en la página digital del diario The Washington Post, señaló PL.
La decisión de Kessler sigue a un fallo anterior suyo de esta semana, en el cual prohibió que se mantuviera la alimentación a la fuerza de Dhiab, en cautiverio durante 12 años sin cargos.
Recuerda el rotativo que el reo fue arrestado en Pakistán en 2002 y enviado a ese penal, ubicado en una porción de territorio ocupado por Estados Unidos a la isla caribeña hace más de un siglo.
La administración del presidente Barack Obama dijo que liberaría al prisionero en 2009 porque no existían razones legales para retenerlo; sin embargo, cuatro años después, su situación continúa en un limbo legal.
Cori Crider, abogada de los detenidos, advirtió que la negativa del gobierno de tratar a Dhiab con decencia dice todo lo que se necesita saber acerca de lo que realmente está pasando en Guantánamo (calificado por muchos como un hoyo oscuro en materia de derechos humanos).
Señaló que Obama "podría poner a mi cliente en un avión hoy si tuviera la voluntad de hacerlo", en referencia a la libertad de Abu Wa el Dhiab.
Activistas han denunciado la violación que se comete con la alimentación forzada a los presos, ya que en el proceso se les introducen dolorosas sondas nasogástricas.
Tras 12 años de actividad, el penal de Guantánamo, pensado durante el gobierno de George W. Bush para interrogar y encarcelar a sospechosos de terrorismo, aún mantiene a 155 presos, la mayoría de ellos con el visto bueno para ser transferidos.
El extensamente aplazado cierre de la cárcel, una de las principales promesas de las dos campañas electorales de Obama, recibió otro golpe ayer cuando se votó en el Congreso la Ley de Defensa de este año.
La normativa, que contó con 325 votos a favor y 98 en contra, determina el presupuesto del Pentágono e imposibilita la prometida clausura del penal, así como también los eventuales traslados de prisioneros a otras cárceles.
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