El Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) es un foro anual abierto a numerosos interlocutores dedicado al debate sobre las políticas públicas relativas al funcionamiento de Internet[2]. Creada en 2006 a petición de los participantes en la segunda “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), celebrada en Túnez, su evolución es emblemática de los excesos que experimenta Internet y el mundo digital en general. De hecho, como sostiene, entre otros, la activista india Deepti Bharthur: “Desde hace cierto tiempo, se ha cuestionado reiteradamente la eficacia del propio foro, ya que fue concebido como un espacio enfocado en los procesos más que en los resultados, lo que para muchos resulta equivalente a la inacción. Esto, combinado con la creciente influencia del sector privado en tecnologías, que, aportando con una presencia y estrategias poderosas y coordinadas al foro, neutraliza, sin embargo, cualquier oportunidad para la expresión de otras voces en dicho foro”[3].
En este contexto, al margen de la edición de 2019 del FGI en Berlín, una red de activistas digitales, proveniente principalmente del Sur, decidió publicar un “Manifiesto por la justicia digital”.(ver debajo) El documento tiene unas 15 páginas. En esta era de redes sociales y de información continua, ¿no es eso un poco (demasiado) largo? Parminder Jeet Singh, uno de los autores del texto, no lo cree así: “Teníamos que elegir entre ser exhaustivos o ser contundentes. Preferimos la exhaustividad. Depende de nosotros ahora comunicar eficazmente a partir de esta base”[4].
La gama de temas que abarca el “Manifiesto por la justicia digital” es en efecto impresionante, así como la radicalidad de las propuestas presentadas. Son 16 en total, formulados como “principios” que o bien se refieren a la reapropiación de datos individuales y colectivos, o bien al control de las tecnoestructuras dentro de las cuales operan esos datos y la “inteligencia” resultante[5].
Una obra colectiva
Detrás de este texto están los activistas de la "Just Net Coalition" (JNC), una red de organizaciones fundada en Delhi en 2014 para defender “un Internet justo y equitativo”[6]. En ese momento, los activistas ya estaban denunciando un Internet sujeto al control de algunas grandes multinacionales y gobiernos nacionales. Casi 6 años después, la situación no ha cambiado significativamente, al contrario: “No hay tiempo que perder para controlar el poder de la esfera digital. O bien podemos renunciar a controlar nuestro futuro digital o podemos hacernos cargo de él”[7].
En marzo de 2019, en Bangkok, el JNC organizó un taller “intersectorial e internacional” de tres días de duración sobre “Equidad y justicia social en un mundo digital”[8]. La idea era reunir a militantes activos en organizaciones sectoriales (por ejemplo, movimientos de agricultores, sindicatos, organizaciones de mujeres, etc.) que están experimentando los efectos de la digitalización pero que no tienen las armas para hacerle frente, y activistas digitales que quieren trabajar en cuestiones de equidad y justicia social pero que no han encontrado los lugares adecuados para hacerlo eficazmente, todo ello desde una perspectiva Norte-Sur. De este encuentro nació el esbozo del manifiesto y se creó el grupo de trabajo encargado de finalizarlo.
Para la reapropiación de datos individuales y colectivos
Así pues, los ocho primeros principios sostienen que los datos (y las inteligencias que de ellos se derivan) deben considerarse como extensiones de los individuos o comunidades de los que emanan. Esto significa que les pertenecen a ellos, y sólo a ellos, y no a los primeros en recogerlos, como sucede actualmente. También significa que esos datos requieren mecanismos específicos de protección, control y derechos de uso que aún es preciso definir. A este respecto, en el manifiesto se pide que los datos se procesen lo más cerca posible de su punto de origen y que las condiciones de su circulación transfronteriza se decidan a nivel nacional, dos principios que se oponen directamente a los que los gigantes digitales y sus patrocinadores estatales intentan generalizar hoy a nivel internacional[9]. Por último, todo trabajo de creación de datos debe ir acompañado de derechos sobre esos datos. Aquí los autores piensan, por ejemplo, en los conductores de Uber o en los repartidores de Deliveroo, a quienes se paga (escasamente) por algunas tareas que realizan, pero no reciben pago alguno por su creación y procesamiento de datos, que cabalmente es el principal valor de estas plataformas. Por lo tanto, esta “labor digital” debe ir acompañada de derechos económicos específicos, no sólo en materia de remuneración sino también de propiedad o incluso de control del funcionamiento mismo de los algoritmos y, extensivamente, de las plataformas.
Las tecnoestructuras por y para los individuos y las comunidades
El manifiesto también denuncia el control centralizado y privatizado que ejerce un puñado de agentes privados sobre las principales tecnoestructuras digitales, como los programas informáticos o las aplicaciones, por ejemplo. De hecho, para los autores, “a diferencia de lo que ocurre en el mundo offline, donde las interacciones socioeconómicas tienen lugar principalmente en espacios públicos o cuasi-públicos, en el mundo digital todas estas interacciones están encerradas dentro de tecno-estructuras de propiedad privada”, lo que crea amenazas sin precedentes para las libertades individuales y colectivas, al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y explotación. Para remediarlo, exigen que las infraestructuras digitales básicas se rijan como servicios públicos, incluidas “plataformas informáticas, motores de búsqueda, redes sociales, servicios de correo electrónico, sistemas de seguridad básica, servicios de pago y plataformas de comercio electrónico”. Según la JNC, estas tecnoestructuras deberían estar lo más descentralizadas posible, con acceso abierto y garantía de interoperabilidad, lo que implica como mínimo el desmantelamiento de los monopolios digitales. Por último, el texto considera que los individuos y las comunidades deben tener la plena posesión de los programas informáticos que utilizan y la posibilidad de controlarlos e incluso, si es necesario, de modificarlos en función del uso.
Para una gobernanza democrática del entorno digital desde el plano local hasta el mundial
Los tres últimos principios se refieren a la “gobernanza” del entorno digital, que, según los autores del manifiesto, debe realizarse de manera democrática, desde el nivel local hasta el mundial. Esto implicaría, en primer lugar, una clasificación en tres etapas de los procesos y sectores sujetos a la digitalización. En primer lugar, aquellos para los que la digitalización simplemente no es deseable, independientemente de las ventajas que ofrece. En segundo lugar, aquellos para los que la digitalización podría resultar útil a largo plazo, pero con una desaceleración y una gobernanza que permita gestionar las consecuencias imprevistas o las adaptaciones necesarias. En tercer lugar, aquellos para los que la digitalización podría resultar positiva ya a corto plazo, pero incluso en ese caso, siempre que se realice bajo el control y la supervisión de las poblaciones y sus representantes.
Paralelamente, el manifiesto también pide que las normas que sustentan el funcionamiento del entorno digital sean elaboradas exclusivamente por organismos de interés público con miras a la independencia, la calidad técnica y la interoperabilidad. El texto termina con un llamado a “un nuevo modelo digital de lo local a lo global (…) que apoye lo local y promueva la autodeterminación democrática, sin comprometer los importantes beneficios de la globalidad de la esfera digital”.
¿Y la ecología?
A pesar de sus pretensiones de exhaustividad, el manifiesto sufre sin embargo de una ausencia importante: la cuestión ecológica no se encuentra en ninguna parte. Pensar en un espacio digital socialmente justo y democrático tiene poco sentido, sin embargo, si el resultado no tiene en cuenta las limitaciones físicas que nos impone la actual crisis ecológica. Y dado el colosal y creciente costo ambiental de las tecnologías digitales, la pregunta no es retórica[10]. En su defensa, los autores del manifiesto responden, aunque solo sea indirectamente, a esta preocupación a través de su clasificación en tres etapas de los procesos de digitalización. El despliegue de 5G, por ejemplo, se percibe ampliamente, dentro de la red, como un buen ejemplo de una evolución cuyos costos (en particular los costos ambientales) superan con creces los beneficios y que, por lo tanto, debe rechazarse colectivamente.
Pero, sobre todo, en una reunión previa a la publicación del manifiesto, el JNC decidió establecer, entre otras cosas, un grupo de trabajo dedicado específicamente a la articulación entre ecología y justicia digital. Lo suficiente para continuar este trabajo esencial, que recibe poca cobertura de los medios de comunicación.
Notas
[4] Comentarios realizados durante una presentación informal del texto a otros miembros del JNC el día antes de la publicación oficial.
[5] El término “inteligencia” debe tomarse aquí en el sentido que le corresponde en inglés de “información construida”.
[7] A menos que se indique lo contrario, las citas son del Manifiesto por la Justicia Digital, JNC, 2019.
[9] En particular, en el marco de la OMC (véase: C. Leterme, "Batalla mundial por el comercio electrónico", Le monde diplomatique, noviembre de 2019). Entre esos principios figuran la "libre circulación de datos a través de las fronteras", "el rechazo de las obligaciones en materia de localización de datos" o "el rechazo de las obligaciones en materia de divulgación de códigos fuente y algoritmos".
[10] Sobre este tema, véase en particular C. Leterme, El futuro del trabajo visto desde el sur: Crítica de la « Cuarta Revolución Industrial », Madrid, Editorial Popular, 2019.
https://www.alainet.org/es/articulo/204708
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