Su diario cabecera, El País, publicó una nota sobre dicho concierto, firmada por Mauricio Vicent (2). Vicent fue su corresponsal en La Habana hasta que, en 2011, el gobierno cubano decidió no renovar su acreditación, tras acusarlo de falta de “objetividad” y “ética periodística” (3). Desde entonces, sigue publicando trabajos sobre Cuba en El País, ahora desde Madrid (4), con un tono mucho más relajado, distante y respetuoso.
Al parecer, el diario aspira a que La Habana autorice de nuevo su corresponsalía, por lo que asigna sus trabajos de marcada “línea editorial” a otros periodistas. Por ejemplo, a Amelia Castilla (5), también enviada al citado concierto y autora del reportaje “La nueva música cubana” (6). Un trabajo que nos acerca a Brenda Navarrete, Roberto Carcassés, Telmary, Ray Fernández y a la enorme cantera de artistas jóvenes de la Isla. Una riqueza, al parecer, casual. Sin relación alguna con el proyecto social o la política cultural de un gobierno que, según El País, es un “régimen” que practica la “censura”.
Una “dictadura” de “sesenta años” –leemos- en la que las “empresas” estatales que contratan artistas “deciden quién sale en televisión o suena en las radios”. Claro. Y en la Cadena Ser o en “Los 40 Principales”, del Grupo Prisa, ¿quién decide lo que suena, si no son las empresas discográficas con las que estas emisoras atan sus negocios?
El reportaje denuncia también el llamado “decreto 349” del Ministerio de Cultura de Cuba, que –asegura- “controla los contenidos artísticos” y es “una excusa para la censura”. Curiosa censura. Porque el tal decreto, que ha sido debatido y modificado en decenas de asambleas de artistas en todo el país, lejos de censurar nada, se limitará a combatir espectáculos sexistas, homófobos y discriminatorios (7).
Y más mentiras del “manual Prisa”: Amelia Castilla nos dice que “la policía del régimen (cubano) todavía detiene” al “colectivo LGTB (sic)”. Esta periodista todavía no se ha enterado de qué país ha visitado. De que su Constitución, aprobada en febrero tras un masivo debate popular, es una de las pocas en el mundo que protege, de modo explícito, los derechos de las personas LGBTi (8).
Mencionar problemas pero nunca sus causas: “el sistema educativo musical cubano –declara un productor español en el reportaje (9)- es el mejor del mundo, pero luego parecen no saber qué hacer con toda esa riqueza artística”. Una opinión respetable, sin duda. Pero ¿por qué no leemos nada sobre el impacto económico del bloqueo de EEUU en el sistema de cultura de Cuba (10)? ¿Sobre el veto o la prohibición –por ejemplo- de recibir ingresos por sus conciertos o venta de discos en EEUU impuesta a los artistas que residen en la Isla (11)?
El reportaje tiene momentos inolvidables. Cuando nos dice, por ejemplo, que en el llamado “paquete semanal”, una memoria flash muy popular que se comercializa en las tiendas de Cuba y que contiene películas y series internacionales, “se cuece el final del régimen” cubano, y que “será como Chernóbil para la Unión Soviética” (12).
Así es cómo El País va recuperando la “objetividad” y “ética periodística” que le exigen desde La Habana.
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