Desde el punto de vista legal para que un Tribunal de Estados Unidos pudiera actuar, el hecho en cuestión tenía que haber sucedido en el espacio aéreo internacional, fuera de la jurisdicción cubana. Caso contrario ninguna Corte norteamericana habría podido abordarlo.
Por eso en el juicio de Miami se discutió bastante la cuestión de la ubicación exacta del incidente, repitiendo lo que antes
pasó en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). En esas discusiones surgieron siempre las contradicciones entre los radares cubanos y los de Estados Unidos. Sobre los datos norteamericanos, por cierto, habría mucho que escribir, por ejemplo, la demora en entregarlos, varios meses, que obligó a dilatar el trabajo de la OACI y la sospechosa destrucción de algunos registros, todo lo cual consta en el informe de la OACI.
Para tratar de resolver la discrepancia en lo que mostraban los radares, la OACI pidió a Estados Unidos que entregase las imágenes tomadas por sus satélites espaciales, petición que fue rechazada en 1996. Tampoco Washington permitió que las viera el Tribunal de Miami y lleva mucho tiempo oponiéndose a las repetidas solicitudes del Centro para el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos de California y litiga ante las Cortes de ese Estado en su afán de mantener ocultas las imágenes. Pronto se cumplirán veinte años de obstinada censura.
Sólo Estados Unidos ha podido examinar lo que filmaron sus satélites, pero no permite que lo haga nadie más. Ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la OACI, ni los tribunales norteamericanos. ¿Por qué?
Sólo puede haber una respuesta. Washington sabe que el incidente ocurrió dentro del mar territorial cubano, muy cerca del litoral habanero y en consecuencia, jurídicamente, nunca tuvo jurisdicción alguna sobre él. Porque las imágenes satelitales son prueba irrefutable de la mentira yanqui nadie más que las autoridades estadounidenses podrá verlas nunca.
Pero no se trata de que las imágenes exculpen a Gerardo. No eran necesarias porque para condenarlo la Fiscalía tenía que demostrar que él, personalmente, había participado en el incidente, algo totalmente absurdo, imposible de sostener, independientemente del lugar donde hubiera ocurrido el derribo de las aeronaves invasoras. El problema era y es para Washington.
Porque las imágenes prueban que Estados Unidos, sus autoridades y sus tribunales no tenían derecho alguno para juzgar un acontecimiento ocurrido más allá de su jurisdicción territorial. Debe destacarse que, según los radares norteamericanos, los aviones volaban, siempre juntos, rumbo sur y uno de ellos, al menos, conforme a su propia versión, había penetrado el territorio cubano. Incluso, si se aceptase la teoría estadounidense sobre la ubicación de los aviones, estos se hallaban en las inmediaciones de la capital cubana, muy cerca de su parte central y más poblada y en pocos minutos la habrían sobrevolado y hubieran podido atravesar la isla hasta la costa meridional.
No fue algo acontecido en la cercanía del espacio norteamericano, sino mucho más abajo del paralelo 24 que marca la separación entre las zonas de supervisión aérea de ambos países. Fue ahí, dentro del área bajo control cubano, que transcurrió buena parte del vuelo, siempre rumbo sur, hacia La Habana y desoyendo las indicaciones y advertencias emitidas por el centro de control de tráfico aéreo de nuestro país.
Pero, en todo caso, Gerardo no tuvo absolutamente nada que ver con el hecho, en cualquier lugar en que este ocurriese. Y eso lo sabían perfectamente las autoridades norteamericanas.
Según el Acta Acusatoria de septiembre de 1998, el FBI había identificado a Gerardo, conocía la misión que desempeñaba y revisaba sus comunicaciones con Cuba desde 1994, más de dos años antes de aquel suceso que agravó sensiblemente la situación entre ambos países. Las turbas de la mafia batistiano-terrorista llamaban entonces a la guerra en las calles de Miami, mientras, según escribió el Presidente Clinton en sus Memorias, en la Casa Blanca discutían un posible bombardeo a Cuba y él optó por promulgar la Ley Helms-Burton acompañada de amenazas belicosas. ¿Puede alguien imaginar que no habrían hecho nada contra Gerardo si él hubiese sido culpable? Nada hicieron, precisamente, porque les constaba su inocencia.
Por eso tampoco lo inculparon cuando fue detenido, junto a sus compañeros en septiembre de 1998. En la acusación inicial no se dice una palabra sobre lo ocurrido el 24 de febrero del 96, ni se habla de derribo de aeronaves o algo parecido. No lo hicieron porque el FBI, que poseía y había leído los mensajes entre Gerardo y La Habana, sabía que era inocente.
El Cargo 3 (“conspiración para cometer asesinato”) fue formulado, sólo contra Gerardo, más de siete meses después del arresto de los Cinco cuando ellos permanecían en confinamiento solitario –el infame “Hueco”- aislados del mundo, imposibilitados de defenderse. Para hacerlo la Fiscalía presentó una Segunda Acta Acusatoria que, y así lo registró la prensa de Miami, fue elaborada en reuniones que abiertamente celebraron el FBI, la Fiscalía y jefes de grupos terroristas.
Era una acusación arbitraria, fabricada de pies a cabeza, con el único propósito de complacer a los criminales, inflamar el odio contra Gerardo y sus compañeros y garantizar de antemano las peores, ilegales y más irracionales condenas. El Cargo 3 fue el centro de la desaforada y vulgar campaña mediática promovida y financiada por el Gobierno Federal, con su presupuesto, que cayó como un tsunami de mentiras, sobre una comunidad inerme y paralizada por el terror –cinco artículos por día en los periódicos impresos, incesantes comentarios, día y noche, en la radio y la televisión locales –conformando lo que justamente el panel de jueces de la Corte de Apelaciones, en 2005, calificó como una “tormenta perfecta” de odio, prejuicios y hostilidad.
Gran parte del juicio giró alrededor del Cargo 3. Dentro y fuera de la sala del tribunal, individuos vinculados a “Hermanos al Rescate” alborotaban y hacían declaraciones estridentes que amplificaban los medios locales. Ellos y los “periodistas” pagados por el Gobierno perseguían y asediaban a los miembros del jurado quienes se quejaron a la jueza y ella, por su parte, varias veces también se quejó al Gobierno, por supuesto, sin resultado alguno.
En la sala del Tribunal, pese a todo, el infundio de la Fiscalía fue derrotado. Los acusadores, tan eficaces insuflando odio y prejuicios contra él, no pudieron presentar una sola prueba para vincular a Gerardo con los sucesos del 24 de febrero. Nada.
Tan contundente y obvia fue la derrota que el Gobierno hizo algo totalmente inusitado. Al final de las discusiones, cuando la jueza iba a dictar las instrucciones para guiar al jurado a la hora de emitir su veredicto, los fiscales se opusieron sorpresivamente al texto que, ajustado palabra por palabra al Acta Acusatoria, ella había preparado. Propusieron cambiarlo radicalmente. La Magistrada, con buenas razones, no aceptó la petición alegando que habían empleado siete meses discutiendo esa acusación fiscal y era ya demasiado tarde para modificarla. Ese mismo día la Fiscalía se precipitó a hacer algo aun más insólito: en una acción que reconoció “carecía de precedentes” recurrió ante la Corte de Apelaciones con una “moción de emergencia” buscando paralizar la decisión del tribunal inferior e incluso la posposición del proceso.
En el extraño documento la Fiscalía sostuvo que “a la luz de las evidencias presentadas en el juicio las instrucciones presentadas por la jueza constituyen un obstáculo insuperable para esta Fiscalía y pueden conducir al fracaso de la acusación en este Cargo”.
Debe subrayarse que, según un principio universal de Derecho, toda persona es inocente salvo que se demuestre lo contrario y que es obligación del acusador presentar las pruebas o evidencias necesarias para demostrar la culpabilidad del acusado. La Fiscalía encaraba ciertamente “un obstáculo insuperable” por la sencilla razón de que no podía mostrar prueba alguna contra Gerardo, simplemente porque estas no existen, ni pueden existir. Carecían de cualquier prueba contra él y peor aún, sabían, pues poseían todos sus intercambios con La Habana desde hacía varios años –incluso años antes del incidente de las avionetas-, que él no había tenido relación alguna con ese hecho. En otras palabras, cuando presentó su Segunda Acta Acusatoria la Fiscalía conocía cabalmente que estaba acusando a un inocente y en consecuencia, prevaricaba imperdonable y groseramente.
El Cargo 3 fue una grave violación a la Constitución y las leyes y también a la obligación legal y hasta profesional de los fiscales. Actuaron, mano a mano con el FBI de Miami, como agentes y cómplices de una mafia terrorista que ellos debían combatir y en realidad la sirvieron con docilidad escandalosa.
La Corte de Apelaciones tampoco aceptó la tardía solicitud fiscal y a partir de ahí se produjeron acontecimientos que serían sorprendentes si no se tratase de un caso que, de principio a fin, ha sido y es un escarnio mayúsculo a la justicia.
Rápidamente, sin expresar duda alguna, sin hacer preguntas, en unas pocas horas, el Jurado declaró culpables a los Cinco de todos y cada uno de los Cargos formulados contra ellos, incluyendo el Cargo 3, sin importarle a nadie que respecto al mismo la Fiscalía había admitido su fracaso y se había empeñado por retirarlo.
Al concluir el juicio, en la primera semana de junio de 2001, la jueza anunció que dictaría las sentencias a mediados de septiembre. El abominable acto terrorista del día 11 de ese mismo mes y año al parecer la hizo cambiar de opinión. Ni ella ni el Gobierno se sentirían cómodos penalizando brutalmente a unos héroes antiterroristas mientras W. Bush se lanzaba, gozoso y con gran fanfarria, a hacerle la “guerra al terrorismo” a todo lo largo y ancho del planeta. Esperaron tres meses más.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2001, Gerardo fue sentenciado a dos cadenas perpetuas más 15 años.
Todos, en la sala del Tribunal, sabían que castigaban a un inocente./Tomado de Cubadebate
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