Para la Sociedad de Periodistas Profesionales, esa acción es vergonzosa e intolerable, y solo demostró que el Fiscal General, Eric Holder, y el presidente Barack Obama mienten cuando hablan de la transparencia y apertura del gobierno, según Prensa Latina.
Esa organización insistió en la necesidad de una ley escudo a nivel federal para proteger las relaciones entre los trabajadores de la prensa con sus fuentes y también la información que transmiten.
En similares términos se pronunció la Asociación de Periódicos de Norteamérica, tras considerar la intromisión del gobierno una violación a la libertad de prensa.
Dicha institución advirtió que exigirán al Estado y al Congreso respuestas y medidas disciplinarias para los responsables de ese hecho.
Varios congresistas republicanos también criticaron a la administración demócrata y aprovechan para cuestionar con mayor fuerza las políticas de Obama.
Entre abril y mayo de 2012, la Fiscalía estadounidense se apropió en secreto de una veintena de líneas que usaban al menos 100 periodistas y editores de AP, radicados en las oficinas de Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).
Ese despacho federal notificó el viernes pasado a la agencia noticiosa de la intromisión, pero no ofreció explicaciones por el suceso.
AP recordó que las interceptaciones ocurrieron después de la publicación de un reportaje sobre una operación de la Agencia Central de Inteligencia para desmantelar un supuesto plan terrorista en Yemen contra una aeronave estadounidense.
Funcionarios del gobierno admitieron que la Fiscalía abrió una investigación para determinar si ese medio de comunicación ofreció datos clasificados en esa información.
El presidente de AP, Gary Pruitt, envió una carta de protesta a Holder y consideró injustificable el acceso a las llamadas telefónicas de ese medio sin previo aviso.
También exigió la devolución de las grabaciones y la destrucción de todas las copias existentes.
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