Puerto Rico: no más violencia contra el pueblo.

Puerto Rico entero presenció el miércoles cómo continúa y arrecia la violencia planificada y los atropellos del gobierno de Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP) contra el resto del País que no forma parte de su claque favorecida.

Al cierre de la sesión legislativa donde se debía aprobar el presupuesto gubernamental, el espectáculo surreal de la Fuerza de Choque de la Policía, acuartelada en el Capitolio con órdenes de esperar y reprimir una anunciada protesta estudiantil, bien puede ser la gota que desborde la copa de la paciencia de todo un pueblo. Los estudiantes llegaron hasta allí para expresar su repudio a las restricciones impuestas por el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a presenciar los procesos legislativos.

El uso de la violencia por la Policía fue una acción planificada. El propio Superintendente, José Figueroa Sancha, confirmó a la prensa que fue él quien decidió acuartelar la Fuerza de Choque en el Capitolio tras enterarse de que los estudiantes llevarían a cabo una protesta allí. También confirmó a los periodistas que él ordenó el desalojo de los estudiantes frente al Capitolio y en la plazoleta que desató la violencia y el caos que presenció todo el País. Las escenas de horror, semejantes a las que ocurren en países gobernados por dictaduras fascistas, coparon todos los noticiarios del país y ya circulan internacionalmente. Estudiantes desarmados frente a policías enardecidos, que la emprendieron contra ellos y todos los que allí estaban, incluidos los periodistas, con macanazos, empujones, caballos de la unidad montada, gas pimienta y gases lacrimógenos. Se sabe que hay muchos estudiantes lesionados, pero ni uno solo de los policías agresores resultó herido.

éste tampoco fue un incidente aislado. Desde hace varias semanas, la tensión social crece, cristalizando el malestar del pueblo afectado por un gobierno que no le responde adecuadamente. Puerto Rico enfrenta su peor situación económica en décadas y las medidas adoptadas por la administración de Luis Fortuño, con el despido de decenas de miles de empleados públicos, los recortes drásticos en servicios a la ciudadanía, el creciente deterioro de los indicadores económicos y sociales, y su actitud arrogante, insensible y de “oídos sordos” ante las quejas y reclamos de la gente, han convertido a nuestro país en un hervidero a punto de estallar. La recién terminada huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico contribuyó a profundizar el malestar general contra una administración que no entiende ni valora la universidad pública, como no entiende ni valora nada de lo que nos da cohesión como puertorriqueños. Además, la nefasta actuación de la Policía durante la huelga en más de una ocasión desembocó en violencia, como ocurrió en el notorio incidente de violencia policial ocurrido en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. Por último, la arbitraria e inconstitucional decisión del Presidente del Senado de prohibir la entrada y cobertura de la prensa en las vistas legislativas de presupuesto unió en repudio unánime a todas las organizaciones de prensa y provocó la presentación de varios recursos legales donde se le solicita al Tribunal que proteja el derecho del pueblo a estar informado de los asuntos que le atañen.

Los hechos de violencia ocurridos en el Capitolio rebasan los límites de lo que es permisible al aparato policial. Darle mano libre a la Policía, en una situación como ésta, y condonar el uso de la violencia indiscriminada y las violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos, es abrir las compuertas a la tragedia. Así nos lo enseña nuestra historia.

Como ha sido su costumbre en estos casos, el gobernador Luis Fortuño guarda silencio y esconde la cara. Pero él es el Gobernador y todo el pueblo de Puerto Rico vio lo que pasó. Por eso, sin contemplaciones le exigimos que desautorice públicamente el uso de la violencia policial contra manifestantes pacíficos. Además, debe despedir a su destemplado Superintendente de la Policía, quien ha demostrado que no tiene lo mínimo necesario para ocupar dicho cargo y que desde antes de ocupar esa posición, dio muestras de que sólo sabe recurrir a la violencia como forma de enfrentar la disidencia y las protestas.

El Gobernador tiene que responder y no puede seguir escondiéndose.

EDITORIAL CLARIDAD